El peligro de los falsos debates
(*)Por Daniel Expósito
Las últimas horas nos han encontrado a quienes trabajamos con la problemática de las adicciones frente a ríos de tinta y saliva que apuntan a instalar un debate definitivamente falso.
Se nos torna entonces urgente señalar que la dicotomía pena si-pena no para quienes viven en carne propia el flagelo de ser víctimas de una adicción, no es el camino correcto a la hora del abordaje de una tragedia que se lleva miles de vidas anualmente, pero que además, repercute en forma explosiva y a niveles poco difundidos en el deterioro de una sociedad que muchas veces se hace preguntas equivocadas a la hora de buscar los por qué de algunos de sus más graves problemas.
El adicto es un enfermo y como tal, efectivamente, un sujeto ajeno a la categoría del punible. Mas, esto no significa que el Estado deba descansar en un discurso que, en el malsano uso de la expresión “libertad individual”, se desentienda de las responsabilidades que le corresponden a la hora de hacerse cargo de él.
No cabe duda que estamos en un punto delicado del debate en torno al consumo de drogas y que los límites se tornan complejos. Pero menos duda cabe aún, que quienes tienen en sus manos la implementación de políticas públicas en torno al tema, nada han hecho para ponerse los pantalones largos en la búsqueda e implementación de soluciones que mitiguen una desgracia que apunta, centralmente, a implosionar en los sectores más desprotegidos de la sociedad.
Y cuando decimos desprotegidos, lo afirmamos en el integral sentido de la palabra.
Que un sujeto que comercializa drogas las porte en una dosis mínima y las venda a un joven con recursos económicos suficientes, nos lleva a usar la palabra “desprotección” hasta niveles en los que la variable económica no es la única que hay que analizar.
Y, del mismo modo, aquel que en el uso de su “libertad personal” porta para comercializar una dosis de droga que terminará en las manos de un pequeño que necesitará robar para comprarla, también extiende la palabra “desprotegido” a éste último, a su familia, y a la eventual víctima de su delito.
La cadena es interminable y la reflexión una sola: desprotegidos somos todos, cuando una sociedad termina víctima del encadenamiento de un engranaje que facilita la correa transmisora del consumo.
Es entonces necesario abandonar la mirada maniquea, porque el problema es mucho más complejo de lo que parece, y un fallo que puede resolver una situación personal expresa , no puede ser utilizado como discurso de quienes desde el Estado, exhiben casi como un logro de las libertades personales, una situación puntual, cuyas derivadas sociales son demasiado complejas.
Sería sin dudas más saludable escuchar de boca de quienes tienen la responsabilidad de articular políticas, explicar cuales son los vectores de ataque al flagelo que se están implementando. No los hay por cierto.
Carecemos de políticas de prevención, de tratamiento y de contención. Esto no es un mero enunciado, sino una realidad verificable en la falta de presupuestos e infraestructura específica y especializada destinada a los tratamientos que resultan necesarios.
Mientras muchas voces se alzan festejando en acunamientos pseudo liberadores la despenalización del consumo personal, las madres del Conurbano piden a la policía que detenga a sus hijos para que el encierro no les permita consumir. Lo hacen básicamente, porque no existe un solo lugar que les permita recuperarlos desde el lugar sanitario desde el que el problema debe abordarse. Vaya paradoja.
La situación exige entonces responsabilidad. Mucha. La que exhortamos a sostener quienes como en mi caso desde la vicepresidencia de la Comisión de Prevención de Adicciones de la Cámara Alta bonaerense, trabajamos a destajo con un problema social que nos supera por la falta de políticas concretas desde el Estado.
(*)Senador provincial del bloque ARI-CC de la Cámara Alta de la Provincia de Buenos Aires. Presidente de la comisión de Igual de Trato y Oportunidades y vicepresidente de la Comisión de Prevención de Adicciones del Cuerpo.
Repudio por los despidos decididos por la empresa Kraft Foods (ex Terrabusi)
El senador provincial Daniel Expósito, del bloque ARI-CC, ingresó en las últimas horas al tratamiento de la Cámara Alta bonaerense una Declaración de Repudio a los despidos decididos por la firma Kraft Foods.
El legislador explicó en los considerandos que “En una insólita medida, en el transcurso de la semana, la empresa Kraft Foods-Terrabusi despidió a más de 150 trabajadoras y trabajadores, entre los que se encuentran los integrantes de la Comisión Gremial Interna y tres del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA).”
Para el legislador, la decisión “avasalla los derechos humanos de los trabajadores y los principios de la tutela sindical.”
